La nueva Ley de Servicios de Pago (Ley 16/2009, de 13 de noviembre), que entro en vigor en enero de 2010, tiene por objeto adecuar las normas españolas a las comunitarias (especialmente, la transposición de la Directiva 2007/64/CE), a los efectos de facilitar la creación de un mercado único de pagos en Europa. La misma se centra básicamente en los principales medios de pago: transferencias, domiciliaciones y tarjetas.
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